febrero 13, 2021

Demandas colectivas al Gobierno

La obligación del cierre de miles de negocios, ha hecho estragos, muchos de ellos no podrán volver abrir, las ayudas que tanto prometió el presidente del Gobierno no han llegado y las que han llegado han sido a cuentagotas de las comunidades autónomas, por ello los autónomos, la hostelería de los sectores más afectados por los cierres decretados por la pandemia se han juntado y han presentado reclamaciones conjuntas contra el Gobierno por los daños ocasionados durante el tiempo en que no pudieron trabajar ni obtener ingresos, y otros se lo están pensando.

Al principio era solo el sector de la hostelería pero sectores se han sumado y han visto la necesidad de demandar al Gobierno, porque sus negocios se van al pique, vemos como sectores de la peluquería, ocio nocturno o infantil ya están trabajando con diferentes bufetes de abogados para presentar demandas colectivas.

Concretamente, estos autónomos están preparando demandas coordinadas y conjuntas contra la Administración por «mala gestión» de la crisis sanitaria. Al parecer, las reclamaciones contra el Ejecutivo se sustentarían en este último concepto jurídico que está previsto en la Ley Orgánica 4/1981 de los estados de alarma, de excepción y sitio. En su artículo 3, la norma establece el derecho de las personas -también las empresas- a recibir una indemnización por los perjuicios que hayan podido padecer a raíz de las restricciones. 

Si bien el estado de alarma otorgó al Gobierno la potestad para poner en marcha medidas restrictivas que frenaran la curva de contagios por coronavirus, a juicio de los juristas y asociaciones sectoriales consultadas, estas limitaciones generaron perjuicios en las actividades económicas que deben ser resarcidos. Máxime cuando hubo «carencias tanto en la prevención de la pandemia, cuando ya la estaban sufriendo otros países de nuestro entorno, como en la propia contención de la crisis sanitaria cuando el virus ya tenía una alta incidencia», explicó Eva Manchón, socia del bufete de abogados Manchón López Martín, despacho que ha puesto a disposición del sector de peluquerías y centros de estética la posibilidad de una demanda colectiva para reclamar los perjuicios sufridos en sus negocios. 

Al parecer estas demandas podrían ir dirigidas en dos niveles: por un lado al Gobierno central y, por otro, a los gobiernos autonómicos. El bufete Cremades y Calvo Sotelo es uno de los que ha iniciado acciones legales contra ejecutivos regionales. Sin ir más lejos, la semana pasada, este despacho a través de la plataforma solidaria ‘Afectados Coronavirus’ presentó una demanda contra la Generalitat de Cataluña por su responsabilidad patrimonial en la gestión de las residencias de mayores durante la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. Esto, también se podría trasladar a los negocios.

Solicitan una indemnización por «daños patrimoniales»

El cierre de negocios decretado por las diferentes autoridades sanitarias provocó caídas en la facturación y pérdidas que, según la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) alcanzarían, de media, unos 20.000 euros anuales por cada trabajador por cuenta propia. Para los expertos, estas pérdidas no sólo eran evitables, sino que además son causa directa de la mala gestión del Gobierno, por lo que los negocios tendrían derecho a una indemnización por «daños patrimoniales».

Así, independientemente del sector del que provenga la reclamación, todos se sustentan en la misma premisa: pedir al Gobierno que les resarza por las pérdidas ocasionadas en 2020 a raíz de las restricciones y cierre de establecimientos que, consideran que «no tenían suficiente base científica». 

El ocio nocturno lleva meses cerrado y reclamará una indemnización

De hecho, desde la asociación de ocio nocturno ‘España de Noche’, su presidente, Vicente Pizcueta explicó que, si bien «por la vía contencioso- administrativa la resolución de la Administración va a ser, evidentemente, negativa, se está viendo cómo diferentes tribunales de distintas regiones, como el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, han dado la razón a los hosteleros y han obligado a levantar las medidas restrictivas en 85 municipios vascos, alegando que no hay datos científicos que sustenten la correlación entre el cierre de bares y restaurantes y la bajada de incidencia de contagios». 

Precisamente, ésta sería la idea en la que se sustentarán también las reclamaciones para solicitar indemnizaciones al Gobierno por la mala gestión de la pandemia: «Fuimos los primeros que basamos nuestra reclamación en datos epidemiológicos y demostramos a través de informes que los bares, restaurantes y discotecas, con las medidas de prevención adecuadas, no son ni mucho menos los principales focos de contagio. Consideramos que se ha criminalizado al sector y se han impuesto medidas sin suficiente consistencia científica, y eso es lo que vamos a atacar. El Gobierno debe resarcir a los negocios por las deficiencias de su gestión», añadió el presidente de España de noche.

Según Pizcueta, miles de bares de ocio nocturno y discotecas de toda España, que llevan meses cerrados sin recibir ayudas directas del Gobierno central, ya están tramitando las reclamaciones patrimoniales de forma coordinada. La responsabilidad patrimonial es la exigencia por parte del ciudadano a la Administración competente para que resarza los daños patrimoniales ocasionados por acción u omisión de las administraciones públicas.

Y esto es lo que va a sustentar las demanda: «va a ser un tsunami que va a recorrer todas las comunidades autónomas y que creemos que puede prosperar. Se debe indemnizar a cada establecimiento con las perdidas y caída de ingresos, que serán estimadas por peritos, y que en algunos casos van a ascender a miles de euros por establecimiento». añadió el presidente de España de Noche.  

Fuente : https://www.autonomosyemprendedor.es/articulo/info-ata/autonomos-perdieron-media-20000-euros-raiz-pandemia/20201130102356023448.html

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